Blog de Fabricio Rodríguez de la ciudad del Villazo, Santa Fe, Argentina.

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La masacre de Avellaneda




    Esta historia transcurre seis meses después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Las recordás? Aquí va una frase histórica: “que se vayan todos”. Aquí va una imagen popular del momento: “un helicóptero escapando de la Casa Rosada”.

    El gran saqueo del régimen que dejó a miles de familias sin un plato de comida, culminó con altos índices de desocupación, cierres de fábricas, megadevaluación y un brutal ajuste. La calidad de vida de las personas había bajado notablemente.

    Los desocupados no se quedaron con los brazos cruzados, impulsaron marchas en distintas localidades. El movimiento de desocupados “Aníbal Verón”, cuyo nombre conmemora al colectivero ejecutado por la policía salteña de la represión del año 2000, se dirigía a protestar al Puente Pueyrredón pero se encontraron con un extraordinario operativo de las fuerzas de “seguridad”. Con la participación de la Policía Federal, Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, lograron un aislamiento geográfico por la frontera sur.

    El fuerte operativo policial impidió el acceso de los manifestantes a los principales puentes de ingresos de la ciudad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, ordenó la represión y desalojo del puente Avellaneda.

    En las inmediaciones de la Estación Avellaneda se desató una fuerte represión. En el hall de la estación, cae Maximiliano Kosteki al ser baleado en el pecho con balas de plomo. Otro joven, Darío Santillán, regresa para socorrerlo, toma su mano, se conocen por fin pero también cae muerto.

    El 26 de junio de 2002, en total se hirieron a 90 personas, más de 30 con balas de pomo, 2 muertos y 150 arrestados. Hoy recordamos la fecha como la “Masacre de Avellaneda”.  Kosteki y Santillan se hicieron conocidos por millones de personas a través de este crimen de Estado. Se convirtieron en una juventud dispuesta a dar una gran pelea contra este régimen.


Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández y Felipe Solá, son los responsables políticos que todavía gozan de impunidad.





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Cumpliendo la condena



    
    En la esquina del bar que discriminó públicamente por las redes sociales a los jóvenes que llamó “wachiturros”, un patrullero de la VI se detuvo a 45 grados en la ochava. Dos milicos se bajaron dejando el motor encendido para rodear a dos púber que por sus apariencias, tenían una edad aproximada entre 11 y 13 años.

    En el profesorado de la ciudad una charla fuera de lo común convocó a unos cuantos estudiantes. Se trató sobre la “educación en contextos de encierros”. Un docente que trabaja en la cárcel de San Nicolás, habló que el 85% de los presos no tienen una condena que cumplir; de cómo la sociedad rechaza a los encarcelados; criticó el sistema penal en su conjunto, el accionar de la policía y el negocio corrupto de la institución en general que incluye a los políticos, jueces y abogados. Escribir sobre la charla en sí, conllevaría más de un texto.

    Conversó más de una hora con mucho énfasis sobre pedagogía, didáctica y cultura carcelaria. También sobre cuáles son los mecanismos para que perpetúe la institución policial. Al final, intervino una maestra de educación inicial, comentando que en su salita tiene pequeños que son hijos de detenidos. Dice que tanto la escuela primaria como la secundaria están militarizadas y rodeadas de milicos y patrulleros. Diariamente los docentes presencian el hostigamiento y la persecución a los jóvenes. Los discriminan. Los cachean. Luego, afirma que directamente la zona norte de la ciudad está militarizada y que los barrios de allí están condenados socialmente por el resto de la sociedad nicoleña.

    El docente alarmado por el relato de la educadora le da la razón. La zona norte es un sector que además de sufrir necesidades básicas, no hay un día que no vuelen tiros como si nada. Los pibes, las esposas y familiares del lugar están hartos de la situación de inseguridad que se vive con la policía. Explica que cuando una persona sale de la cárcel, es porque cumplió su condena. Es decir, si les dan 3 años por robar un kiosco y cumple consecuentemente con la condena que dictamina el juez, ya está, se terminó, y nada más los vincula. Sin embargo, el problema es, que al estar las personas de los barrios condenadas socialmente y estigmatizadas, en la primera denuncia que se realice, como primera medida los superiores cercan de patrulleros la casa de “tal” ex recluso por el simple hecho de tener antecedentes. Entonces los milicos van, allanan y desvalija la casa, una y otra vez. Incluso llevan la problemática a los medios sin una respuesta concreta del fiscal. Las personas que cumplieron su condena están cansadas de que no les dan laburo, de la sociedad que los segrega y muchas, cargadas de bronca, vuelven a robar y a ser encarcelados.





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